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En esta ponencia se pretende establecer un diálogo con los movimientos que en la defensa de quienes defienden y las múltiples violencias materiales y simbólicas de que son objeto, reformulan conceptual y como práctica política colectiva el acompañamiento y los cuidados como otra forma de defensa.

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En México, las políticas de protección integral – término que aparece en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del 2012- a personas defensoras de derechos humanos y del ambiente se han institucionalizado desde una racionalidad que atiende más a los aspectos técnicos, el riesgo individual, la gestión burocrática y la seguridad física. Sin embargo, frente a la reconfiguración de la violencia estructural y la criminalización de las resistencias territoriales, comunidades y movimientos han comenzado a redefinir la protección desde abajo, transformándola en una práctica colectiva de cuidado territorial y sostenimiento de la vida.

En los estados de Guerrero, Morelos, Oaxaca y la Península de Yucatán los movimientos socioambientales han sido objeto de dispositivos institucionales y discursivos de deslegitimización, produciéndose como respuesta un desplazamiento conceptual y de actuación política de la protección integral.

En ese sentido este trabajo se centra en el papel del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en el estado de Guerrero , como red de acompañamiento integral, que al defender a quienes defienden establecen otra forma radical de resistencia y re-existencia ante las múltiples violencias, generadas por una especie de entrelazamiento entre los grupos criminales que controlan economías legales e ilegales y una red de poderes del estado que los toleran, protegen.

De esta forma la presente ponencia pretende analizar las propuestas de estos movimientos que reformulan el acompañamiento y los cuidados como defensa en sí misma, resignificando el concepto de protección integral hacia la territorialización del cuidado

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El trabajo examina algunas estrategias de resistencia a proyectos extractivistas en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, como el Corredor Interoceánico, destacando los impactos de la criminalización y las violencias en contra de defensores del territorio en los procesos de acción colectiva.

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El Istmo de Tehuantepec, zona estratégica de México con gran diversidad biocultural, ha sido históricamente objeto de intereses extractivistas y geopolíticos. Desde el siglo XIX, su economía se basa en la extracción de recursos y la infraestructura de transporte, impulsando megaproyectos que favorecen a la industria y el agronegocio. Estos procesos, propios de la expansión capitalista neocolonial, generan graves impactos socioambientales y afectan a los pueblos originarios. Ante ello, las comunidades locales han desarrollado organizaciones y estrategias diversas para defender el territorio y sus derechos colectivos.

Desde 2018, el megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), impulsado por los gobiernos progresistas, ha intensificado el modelo extractivo y enfrenta la resistencia de pueblos, organizaciones y asambleas que rechazan el despojo, privatización y militarización, organizando movilizaciones y campañas en alianza con otros sectores sociales. Denuncian las consultas indígenas, que consideran simuladas, la falta de información confiable sobre impactos ambientales y sociales, el incumplimiento de compromisos con las comunidades agrarias y la creciente presencia del crimen organizado en la región. En este contexto, las personas defensoras enfrentan agresiones continuas y criminalización por parte de actores estatales.

Esta investigación analiza diversas estrategias de resistencia que han surgido frente al CIIT, considerando las formas organizativas, movilizaciones sociales y alianzas comunitarias. Además, examina los impactos que la criminalización y las múltiples violencias han tenido sobre los y las defensoras del territorio, evidenciando cómo estas agresiones afectan su seguridad, integridad y capacidad de acción colectiva para la defensa de sus derechos, territorios y mundos de vida.

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Luego de 36 años de gobiernos neoliberales, en 2018 llegó a la presidencia de México un proyecto político autodenominado de izquierda, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Al realizar un mapeo del contexto del país una vez acabado el sexenio de AMLO, podemos observar un proceso de intensificación de dinámicas extractivistas con cuatro características principales: 1) megaproyectos y reordenamiento territorial, 2) neoindigenismo, 3) militarización y militarismo y; 4) economías criminales. En el presente texto abordamos estas ideas identificando también como los pueblos originarios que se articulan en el Congreso Nacional Indígena y el EZLN, implementaron iniciativas de denuncia y defensa del territorio.

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Colombia’s state-led capitalist expansion relies on (para)state violence to incorporate internal territories, as seen in Hidroituango and Nasa lands. These cases show how state capitalism functions, but also that is met with strong resistance to the process of centralisatiion by peripheralization.

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Recent debates on state capitalism, especially those developed by Alami and Dixon (2024), have become central in critical theory. Yet these accounts often overlook the conjunctural tensions that structure capitalist states, treating the state as a unified capitalist actor and leaving aside the struggles among competing social forces. A similar limitation appears in analyses of internal colonialism. De Coss-Corzo (2023), highlights how racialised labour sustains developmentist projects, but offers little insight into the state as a contradictory social relation. The state remains under-conceptualised or assumed as a pre-given entity.

My paper seeks to bridge these frameworks—state capitalism and internal colonialism—through contemporary processes of peripheralisation by centralisation in Colombia. The Colombian state is undergoing accelerated capitalist transformation in which new enclosures and resource extraction are enabled by (para)legal and (para)state violence. I examine two cases where dispossession and territorial control confront organised local resistance. First, the Hidroituango dam on the Cauca River, preceded by decades of violence, illustrates how megaprojects continue to generate coercive dynamics even after completion. Second, the territory of the Nasa people suffers ongoing paramilitary incursions aimed at converting their lands into zones of extraction and strategic corridors for post–Peace Agreement drug trafficking.

These cases reveal how internal territories are incoroporated into capitalist development to enable economic concentration. These dynamics persist under progressive governments, underscoring the need to analyse the state conjuncturally as a key apparatus of capital accumulation and a central site of political struggle. Ultimately, Colombian experiences illuminate how contemporary capitalist development relies on (para)state apparatuses.

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Environmental defenders face intensifying violence linked to climate change and extractivism. Drawing on Kallied, a Global South community of practice, the paper examines how State–corporate repression operates and maps grassroots, collectively governed protection strategies for life and territory.

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Environmental defenders across the Global South face escalating violence -physical and digital attacks, criminalization and symbolic delegitimization- intensified by extractivism and climate pressures. This paper draws on Kallied, a community of practice of nine participatory action‑research projects led by over twenty organizations in more than thirty countries, to understand how repression operates and how communities build protection for those defending their territories.​​

First, we analyze the role of the State in contexts shaped by extractive frontiers, securitized climate policy and uneven governance, showing how institutions often enable or normalize intimidation through permissive regulation, selective prosecution and weak enforcement of protective norms, in close entanglement with corporate actors.​

Second, we examine grassroots strategies of resistance forged in response to criminalization and structural violence, including community‑led monitoring and feminist and Indigenous protection networks, among others, which aim at generating infrastructures of safety, care and narrative power from below.​

Finally, the paper identifies emerging, replicable practices across Kallied’s geographies -from Latin America to the Middle East, and from Africa to Southeast Asia- such as participatory risk assessments, collective early‑warning systems, digital citizen platforms to monitor the progress of the Escazú agreement and translocal solidarity protocols that can be adapted and scaled through community-academic alliances.​​

By foregrounding these experiences and knowledge, the paper contributes to political ecology debates on the limits of current environmental governance and argues for community‑centred, collectively governed protection models for those who defend life.

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En el Ecuador de los últimos años se ha construido un marco para la criminalización sistemática de organizaciones socioambientales y activistas de los derechos humanos. El gobierno de la fracción oligárquica y rentista de Noboa, está apuntalando este proceso para consolidar la megaminería en el país

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La gran minería a cielo abierto se ha consolidado como un proyecto estratégico de estado en el Ecuador. Ante un previsible descenso de las exportaciones petroleras, las élites empresariales y estatales apuestan por consolidar al país como un gran país mega-minero, replicando los modelos chileno y peruano. Los grandes proyectos para la extracción de cobre, plata y oro se sitúan en las faldas subtropicales interandinas, de enorme biodiversidad e importancia hídrica, ocupadas además por poblaciones indígenas y campesinas. Este contexto configura un escenario de enorme tensión social que va más allá de la escala local en la que se quieren implementar los proyectos, movilizando a organizaciones y colectivos urbanos. Si los primeros megaproyectos se abrieron paso a sangre y fuego, desplazando a las comunidades afectadas por la fuerza bruta, en los últimos años se está construyendo un marco legal e institucional para la persecución sistemática de las organizaciones socioambientales y activistas por los derechos humanos. Esta construcción alcanza su punto cúlmine con la aprobación de la ley de transparencia social, diseñada para atar en corto a las ongs y movimientos sociales. Siguiendo un deliberado y falso contraste discursivo entre la minería corporativa legalizada -responsable social y ambientalmente- y la minería informal -vinculada a las economías criminales-, esta ley prohíbe explícitamente que las organizaciones sociales del país realicen cualquier tipo de actividad para interferir en los proyectos mineros aprobados por la autoridad ambiental, recientemente integrada en el ministerio de energía, minas e hidrocarburos, so pena de suspensión legal por vía administrativa.

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Extractivism, as new colonialism, sparks socio-environmental coalitions in South Africa. The paper shows how state/corporate violence and criminalization in Somkhele destroy political articulations, creating death-worlds for communities and silencing peasant women.

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Extractivism today establishes a new regime of colonialism in the decolonized world, causing communities to suffer from displacement, land loss, and severe health issues due to toxicity. These adverse effects serve as a catalyst for the emergence of socio-environmental coalitions among communities, "forces of reproduction (Barca, 2020)," civil society organizations, and activists who defend their interests. South Africa, a major producer (90%) of Africa's coal, provides a critical context. Here, affected communities are mobilizing for environmental and climate justice against extractivism, creating "political articulations (Haraway, 1992)" with civil society organizations and activists. Nevertheless, these political articulations are often temporary and situated, as Haraway (1992) suggested. In Somkhele, a village in Southeastern South Africa, the rise and subsequent latency of the socio-environmental "water struggle" of peasant women is explained by violence and the increasing criminalization of community members. This paper/presentation demonstrates the pivotal role of violence in destroying the political articulations among peasant women, feminist and environmental organizations, and activists in Somkhele. It closely examines how the state and corporations actively adopt violence within the community to dismantle the socio-environmental movement and fracture its coalitions, as well as silencing peasant women. I argue that extractivism initiates a continuum of violence that articulates various types of harm, creating a "living-death" status for the community, especially for women. Furthermore, this violence and criminalization fracture potential articulations among diverse movements and actors, thereby destroying the "peace" in the community.

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El artículo analiza cómo los movimientos socioambientales en América Latina pueden democratizar “desde abajo” en contextos extractivistas. Usando QCA para 30 conflictos, identifica combinaciones de territorio, comunidad, repertorios y desenlaces que favorecen (o no) la democratización local.

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Este artículo estudia el poder democratizador “desde abajo” de los movimientos socioambientales (MSA) en América Latina y el Caribe (ALC), en el contexto de la crisis socioecológica y del modelo (neo)extractivista en la región (Gudynas 2012; Svampa 2019). Parte de la premisa de que los MSA no solo resisten proyectos extractivos, sino que también generan prácticas participativas y deliberativas que amplían los límites de la democracia representativa, convirtiéndose en “laboratorios de innovación democrática” (della Porta 2023) y expresando lo que Martínez-Alier (2014) denomina el “ecologismo de los pobres”. Se busca responder: ¿bajo qué condiciones los MSA en ALC generan prácticas participativas y deliberativas?

Para responder esto, se realiza un análisis comparado usando Qualitative Comparative Analysis (QCA) de aproximadamente 30 casos de resistencia al extractivismo en la región. Este método (Ragin 1987; Schneider & Wagemann 2012) resulta especialmente útil porque (1) permite trabajar con un número intermedio de casos, combinando riqueza cualitativa con capacidad comparativa, y (2) posibilita identificar configuraciones causales complejas sin reducir los fenómenos a simplificaciones binarias de éxito o fracaso.

La investigación observa cómo la interacción entre variables del territorio, la comunidad, los repertorios y los desenlaces da lugar (o no) a una democratización local. También contribuye a integrar los campos de movimientos sociales, conflictos socioambientales y democratización, enfatizando los procesos de transformación política que emergen desde los territorios —en el marco del giro ecoterritorial (Svampa 2012, 2019).