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En el Ecuador de los últimos años se ha construido un marco para la criminalización sistemática de organizaciones socioambientales y activistas de los derechos humanos. El gobierno de la fracción oligárquica y rentista de Noboa, está apuntalando este proceso para consolidar la megaminería en el país

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La gran minería a cielo abierto se ha consolidado como un proyecto estratégico de estado en el Ecuador. Ante un previsible descenso de las exportaciones petroleras, las élites empresariales y estatales apuestan por consolidar al país como un gran país mega-minero, replicando los modelos chileno y peruano. Los grandes proyectos para la extracción de cobre, plata y oro se sitúan en las faldas subtropicales interandinas, de enorme biodiversidad e importancia hídrica, ocupadas además por poblaciones indígenas y campesinas. Este contexto configura un escenario de enorme tensión social que va más allá de la escala local en la que se quieren implementar los proyectos, movilizando a organizaciones y colectivos urbanos. Si los primeros megaproyectos se abrieron paso a sangre y fuego, desplazando a las comunidades afectadas por la fuerza bruta, en los últimos años se está construyendo un marco legal e institucional para la persecución sistemática de las organizaciones socioambientales y activistas por los derechos humanos. Esta construcción alcanza su punto cúlmine con la aprobación de la ley de transparencia social, diseñada para atar en corto a las ongs y movimientos sociales. Siguiendo un deliberado y falso contraste discursivo entre la minería corporativa legalizada -responsable social y ambientalmente- y la minería informal -vinculada a las economías criminales-, esta ley prohíbe explícitamente que las organizaciones sociales del país realicen cualquier tipo de actividad para interferir en los proyectos mineros aprobados por la autoridad ambiental, recientemente integrada en el ministerio de energía, minas e hidrocarburos, so pena de suspensión legal por vía administrativa.