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Se presenta una mirada comparativa de Uruguay y Chile en cuanto a la ausencia de políticas públicas integrales para la memoria y los problemas en la categorización y gestión de los sitios de memoria, dejando esta responsabilidad en manos de la ciudadanía, lo que puede limitar su alcance y funciones.

Paper long abstract:

El fenómeno de la memoria en las últimas décadas se ha convertido en una verdadera obsesión cultural (Huyssen 2003). En el Cono Sur latinoamericano esto se manifiesta en la multiplicación exponencial de patrimonios, oficiales y no oficiales, principalmente asociados al ciclo de dictaduras (décadas del 70 al 90). La transformación de los lugares del horror en sitios de memoria devino en hito de este movimiento por la memoria. Mayormente en Argentina y, en menor medida en Chile y Uruguay, se han consolidado institucionalmente, sirviendo a diversos usos: judicial, testimonial, patrimonial, pedagógico, políticos. Buena parte de la producción académica se ha concentrado en el caso argentino, que marcó la pauta en cuanto al traspaso de iniciativas ciudadanas hacia la emergencia de normativas y de una institucionalidad y administración de la memoria. En el caso uruguayo la Ley N° 19.641, de declaración y creación Sitios de Memoria Histórica del Pasado Reciente, se publicó en julio de 2018. Mientras, en Chile no existen normativas específicas y más bien la regulación se distribuye hacia ámbitos culturales y patrimoniales. Contemplando estas experiencias menos atendidas, nuestra inquietud se dirige a la definición de los sitios de memoria. Partimos de la hipótesis que la falta de miradas integrales y políticas públicas para la memoria, redunda en problemas de categorización normativa y actuación sobre los sitios de memoria, dejando en manos de la ciudadanía dicha responsabilidad: por un lado, promoviendo la “autonomía” de la gestión y por otro, limitando los sentidos y funciones que estos pueden alcanzar.